22/06/2021
En Chile, al igual que en todo el mundo, la casi exclusividad del trabajo doméstico y las labores de cuidado recaen en las mujeres. Se estima que, mientras dos tercios del tiempo de trabajo masculino se destina a trabajo remunerado, más de dos tercios del tiempo de trabajo femenino se destina a trabajo no remunerado.
Se estima que, mientras dos tercios del tiempo de trabajo masculino se destina a trabajo remunerado, más de dos tercios del tiempo de trabajo femenino se destina a trabajo no remunerado.
A pesar de estas constataciones, y de la desprotección previsional y monetaria de las mujeres que, para dedicarse a las labores domésticas y de cuidado de hijos y familiares dependientes – ocupación casi exclusivamente femenina – esta realidad recién está permeando el debate público. A comienzos de 2019, un grupo de parlamentarias y parlamentarios presentó un proyecto de ley que busca reconocer constitucionalmente el trabajo doméstico como una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Ello permitiría incorporar esta actividad en la formulación y ejecución de las políticas públicas y, eventualmente, pensar en un régimen especial de promoción, protección y/o retribución para quienes lo desarrollan. El proyecto fue aprobado en abril recién pasado en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género y sigue su tramitación.
En el contexto del proceso constituyente, el reconocimiento del trabajo doméstico como una forma específica de actividad económica implica no sólo una definición valórica sino también económica, puesto que de ella se pueden derivar formas de retribución y protección social que cambien el destino de una práctica tan arraigada en la historia de la humanidad.